TRIBUNA

No nos callaréis

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Para evitar que muchas personas intercambien datos incorrectos o confusos,
existen dos opciones: ofrecer una información veraz, de forma clara y precisa,
o tratar de silenciar a quienes hablen libremente del tema. El Gobierno de
España parece que ha optado por la segunda.

En una pandemia sin precedentes, con decenas de miles de fallecidos, cientos
de miles de contagiados, millones de personas al borde del desempleo y
decenas de millones confinados en sus casas, es natural que la gente busque
seguridad, respuestas y certidumbre. Lamentablemente, el gobierno de
Sánchez sólo ha ofrecido improvisación, una soporífera propaganda,
inseguridad jurídica, y ataques a las opiniones discrepantes.

En esta situación, el presidente del Gobierno ha decidido monitorizar las redes
sociales para intervenir sobre lo que los españoles hablan en público y en
privado. El Gobierno controla mejor los memes que el número de fallecidos o
de infectados. Quiere acabar con los bulos antes que con la inseguridad
jurídica que él mismo sigue provocando. Controlar el relato sin esforzarse
primero en conocer de dónde venimos, dónde estamos ahora, ni por supuesto
a dónde debemos dirigirnos.

A las ansias de Sánchez por controlar la información se suman con gusto la
izquierda política y mediática, que ha querido silenciar a quienes advirtieron de
los riesgos, a quienes ofrecían los mejores consejos, y a quienes querían poner
sobre la mesa la gravedad, el drama real y el dolor, y no sólo el optimismo de
los balcones.

Ahora pretenden directamente callar a todo el que ose compartir en sus redes
sociales alguna información al margen de la verdad gubernamental aprobada
por Iván Redondo y verificada por los fact-checkers oficiales que, recordemos,
no han parado de difundir bulos en los últimos meses.

Las redes sociales nacieron como un instrumento de comunicación entre
personas y rápidamente se convirtieron en un elemento clave en la
democratización de la información que caracterizó los primeros años del siglo
XXI. El presidente de los Estados Unidos y el último habitante del pueblo más
remoto del mundo parten en twitter de la misma casilla de salida: 280
caracteres por mensaje público, y millones de usuarios a los que poder llegar
para comentar y compartir.

Esa igualdad, esa fuente inagotable de oportunidades, solo seguirá existiendo
si los gobiernos, los legisladores y las empresas que gestionan las redes,
apuestan por la libertad y no por el control. Si hay una verdad oficial, no puede
haber debate. Si periodistas de La Sexta deciden lo que cualquiera puede o no
puede publicar en Facebook, se habrá acabado la libertad de información y la
diversidad de opinión. Si Whatsapp puede decidir qué vídeos pueden hacerse
virales y cuáles no, dejará de ser un canal de comunicación para convertirse en
una herramienta política.

Decía Tocqueville que el rasgo que caracteriza a los socialistas de todos los colores y de
todas las escuelas, es una profunda desconfianza hacia la libertad, hacia la razón
humana. Y por tanto, lo que todos comparten es un intento continuo, variado e
incesante, de mutilar, de acotar, de obstaculizar la libertad humana de todas las
maneras posibles.

Quizás sea cierto, y quizás por eso el Gobierno socialcomunista de España
pretenda silenciar a quien opine distinto con la excusa del bien común, pero
incluso en estas situaciones difíciles, todos tenemos la obligación de
defendernos de un gobierno censor. Y lo haremos.

 

Por Carlos Díaz Pache, Coordinador Institucional del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid.