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Servilismo judicial

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Las recientes sentencias de las Salas de lo Penal y Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en los casos del golpe en Cataluña y la exhumación del cadáver de Franco, han provocado en una buena parte de la opinión pública la sensación de que existe en dicho Alto Tribunal un seguidismo progubernamental poco compatible con la separación de poderes que debería regir un supuesto Estado de Derecho. 

No deja de llamar la atención que en ambos casos el fallo judicial coincida con los intereses políticos del gobierno en el poder. Polémico resulta que el Tribunal Supremo dé por buena la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos, incluso allanando el camino al gobierno hasta en materia de licencias municipales, pero aún más chocante resulta que un Tribunal acepte, aplicando la totalitaria e inconstitucional Ley de Memoria Historica, que la familia no pueda trasladar el cadáver al lugar de su elección y sea el gobierno quien decida donde deben descansar los restos del Generalisimo. El argumento de que, en La Almudena, Franco puede ser objeto de homenajes, es peregrino e infantiloide. Cuando esos homenajes de efectúen en Mingorrubio, ¿qué van a hacer? ¿trasladar los restos al pico del Aneto para que sólo puedan llegar alpinistas? En tal caso, ya conocemos la jurisprudencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo: lo que diga el gobierno. 

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En cuanto a la sentencia del llamado “proces”, curiosamente abraza la tesis de la sedición mantenida por el gobierno, porque, según parece, si das un golpe con nulas posibilidades de triunfo, no existe rebelión. Según el Supremo no se ha puesto realmente en peligro la unidad de España ni la forma de gobierno. Y ello pese a que se reconoce en la sentencia de marras que la intención de los golpistas era, igual que la de los etarras cuando mataban, doblar el brazo a las instituciones para obligarlas a sentarse a negociar sobre la independencia. Es decir, que montar un referéndum ilegal, movilizar a parte de la población en las calles e instigar directa e indirectamente a la algarada para segregar una parte del territorio nacional no constituye delito de rebelión. Por si fuera poco, la sentencia no limita el mínimo de cumplimiento de las penas impuestas, para que los “políticos presos”, cuanto antes pasen a disfrutar del tercer grado penitenciario y se conviertan en “políticos libres”. ¿Un fallo acomodaticio con la operación diálogo? No son pocos los que piensan que así es. 

El caso es que las polémicas sentencias han traído de nuevo a primera plana la cuestión de la independencia judicial. La Comunidad Autónoma de Madrid ya ha anunciado que va a sacar una reforma para que la Asamblea renuncie a nombrar a dedo a magistrados del TSJ de Madrid. 

Desde que en 1985 por el gobierno socialista se reformó la LOPJ, los nombramientos de los vocales del CGPJ dependen de los partidos políticos.  Los puestos más relevantes de la carrera judicial en el Tribunal Supremo y Tribunales Superiores de Justicia, además del Tribunal Constitucional, precisan también de su plácet. En definitiva, los partidos con representación parlamentaria se ponen de acuerdo para designar a los jueces que más les convienen en los puestos más transcendentes. No hay que ser muy perspicaz para comprender que la separación de poderes en España es una ficción. 

Pero no se trata simplemente de reformar la LOPJ y atribuir exclusivamente a la judicatura el nombramiento de los miembros de los altos Tribunales. Habría que ser muy ingenuo para creerse que las asociaciones profesionales de la magistratura, que al fin y a la postre controlarían todo el proceso de elección, iban a dejar de estar influenciadas por la cercanía ideológica a uno u otro partido. Por supuesto que quienes acceden a los más altos honores de la magistratura son juristas de reconocida competencia y prestigio, pero sin lugar a dudas son también juristas con reconocidos contactos, ya que, sin saber navegar por las procelosas aguas de la política judicial, sin relaciones en las asociaciones profesionales e incluso sin saber manejar personalismos, por mucha que sea la valía jurídica, no estarían allí. 

La gran cuestión de la que debemos ser conscientes es que el auténtico problema radica en nuestro sistema político: que España se configura como un Estado de Partidos. Tal sistema corrompe todos los poderes del Estado. Si queremos que nuestros Tribunales cumplan con la exigencia que Federico de Castro resumía afirmando que sus decisiones debían tener “valor jurídico, contenido moral, conformidad al Derecho natural y una dirección política al servicio de España”, debemos acabar con este Estado de Partidos que ha modernizado la máxima del Estado absolutista: quod princeps voluit lex habet vigorem. La ley es la voluntad del príncipe y la ley es aplicada por los Tribunales conforme a la voluntad del príncipe.

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