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Votar no es elegir

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La corrupción política en España es inseparable del Estado de Partidos cuya naturaleza institucional es la propia de una oligarquía. Pensar en una auténtica democracia constitucional y representativa será una quimera mientras no se abra un proceso profundo de reforma constitucional en el que se consagre una separación real y efectiva de los poderes del Estado y se cambie el sistema electoral y la ley de partidos. Bastaría con prohibir el desvergonzado cinismo de que individuos de un mismo partido político sean a la vez legisladores, miembros del Ejecutivo, y puedan designar impúdicamente a los vocales del órgano de gobierno del Poder Judicial y a los magistrados del Tribunal Constitucional. El PSOE y el PP han sido los artífices y beneficiarios de esta corrupción institucionalizada durante las últimas décadas. 

El sufragio pasivo en unas condiciones donde no se da la libertad política sólo puede considerarse como un acto de votar pero no como un verdadero acto de elegir, pues refrendar una de las listas de partido no supone capacidad de elección. Los integrantes de las listas electorales no son elegidos por los votantes, sino seleccionados por razón de obediencia y afinidad a unas cúpulas partitocráticas, con la connivencia, en la mayoría de los casos, de la élite plutocrática que los financia. No representan, pues, a los electores ni a la sociedad civil. El Régimen político resultante tampoco. 

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En consecuencia, a la luz de la ley de partidos y de la ley electoral vigentes, no se vota a diputados o senadores en tanto que mandatarios del pueblo, sino a delegados de los partidos estatales. Esta realidad formal y material, que todos podemos observar si tenemos la molestia de informarnos, se oculta torpemente con obscenas trampas de propaganda oficialista, mediática e institucional. Una propaganda que insulta directamente a la inteligencia de los ciudadanos. Por esta razón, y a pesar de sus abismales diferencias, han sido bienvenidas socialmente las ideas regeneradoras de los partidos que retan al duopolio partidista dominante hasta hace poco.

El problema de fondo es que una mayoría de políticos y muchos súbditos apuntalan y normalizan la colosal impostura de llamar elecciones generales legislativas a unas votaciones administrativas para cubrir los cargos piramidales en la maquinaria (arruinada) del Estado. Unas supuestas “elecciones” que hacen posible el constante medrar de tantos saboteadores de los nobles ideales democráticos, que se colocan y mantienen por gracia del amiguismo y del enchufismo. La dedocracia y no la meritocracia es la base de este sistema, cuyos tentáculos del poder concentrado conforman una extensa e intensa red clientelar de estructuras paralelas de la Administración, regadas con generosos fondos procedentes de los presupuestos públicos y a través de las cuales se institucionaliza la compra de votos, la información privilegiada, las puertas giratorias y el nepotismo. El fraude de los sistemas de contratación pública y la financiación ilegal del PP y del PSOE los delata.

Que en una enésima y cansina campaña electoral los supuestos candidatos del duopolio PSOE-PP vuelvan a pedirnos el voto como representantes y servidores públicos es una mofa descarada, cuando, en realidad, por el sistema de cooptación selectiva que han instaurado sus propios partidos desde el comienzo hace que no sean más que serviles delegados y recaderos lacayunos de intereses externos a la ciudadanía. No puede admitirse la confusión de llamar separación de poderes a la simple separación de funciones públicas entre sujetos y grupos de una misma facción partitocrática, trepadores dedicados al peculado y revestidos de una legitimidad que ellos mismos se cocinan, incluso a través de las relaciones incestuosas con el circo televisivo y con las casas de demoscopia. Resulta, por tanto, inadmisible llamar democracia representativa a una partitocracia demagógica. Tan inadmisible como seguir creyendo todavía que votar es sinónimo de elegir. 

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