El caso Sandro Rosell

Víctimas de los fiscales, por Xavier Horcajo

Sandro Rosell (centro) su esposa y su abogado Pau Molins.
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Donde hay poca Justicia, es un peligro tener razón”, Francisco de Quevedo.

En abril de 2015, la rutina de la Audiencia Nacional se vio perturbada por una inusual “CRI” esto es: una Comisión Rogatoria Internacional. Era una petición de auxilio a la justicia española que provenía del Departamento de Justicia Norteamericano, concretamente de la U.S. Attorney’s Office (la fiscalía Federal) del Distrito Este de Nueva York con su titular, Richard P. Donoghue, al frente. Y con el aval de una investigación del FBI –y uno de sus directores William, F. Sweeney Jr.– sobre una serie de presuntos  sobornos sobre derechos televisivos del fútbol. Eso afectaba a dos ciudadanos españoles sobre los que se pedía recabar posiciones financieras y bancarias. No un tratamiento penal.

El primero de ellos era Sandro Rosell, ex presidente del F.C. Barcelona; antiguo directivo de Nike en Rio de Janeiro (Brasil) y empresario de compañías de derechos futbolísticos. El segundo afectado era: Gerard Romy, mano derecha de Jaume Roures en Mediapro/Imagina, empresa de la que Romy es fundador, accionista y CEO. Romy y Roures comparten intereses e incluso ideología: ambos eran recalcitrantes trotskistas antes de hacerse millonarios con el fútbol y Mediapro (2).

La sospecha del FBI es que pagaban sobornos en Sudamérica para hacerse con derechos deportivos y televisivos amañados y tenían un testigo protegido para demoler el entramado. 

La magistrada instructora de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, ordenó la entrada y registro de las oficinas barcelonesas de Gerard Romy, el 15 diciembre de 2015. Pero fue muy precisa la juez que ordenó a la Jefatura Superior del CNP,  “el investigado no debe ser oído en declaración”. Luego lo de Mediapro quedó en un cajón de la Audiencia Nacional, pero en el otro caso, el de Rosell, fueron prospectivos e inquisitoriales. ¿A qué obedece esa diferencia de trato? ¿Alguien en el Poder Judicial se atreve a investigarlo?

Aquella CRI llegada de “rebote” era un compromiso para la Justicia española. La UDEF se encargó del estudio de cuentas bancarias y movimientos de capitales de los investigados por el FBI.

Sandro Rosell resulta un hombre atípico. Hijo de un pujolistapata negra”; curtido en los negocios internacionales de Nike, que le abrieron relaciones top en Brasil, como su amistad con Ricardo Teixeira, presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF). Rosell es tan “inusual” que renunció a la presidencia del Barça en 2014, cuatro años después de llegar a dirigirlo. Tras Núñez y posteriores a los que tanto costaba convocar elecciones, la renuncia de Rosell era “Lo nunca visto”. Lo investigado por la Audiencia Nacional sobre Rosell se zambulle, como el Guadiana, pero volverá a aparecer.

Casi dos años después, el 31 de marzo de 2017, Fiscalía formula una querella contra Sandro Rosell, firmada por dos fiscales: el veterano Vicente González Mota y Daniel Campos (1). Consecuencia de ello, el 23 de mayo 2017, la Guardia civil, con la unidad canina al frente, entran en el domicilio barcelonés de Rosell, a las 8 en punto de la mañana.

Él asegura que se enteró de la operación un rato antes,  por el SMS de un amigo que lo ha leído antes en la prensa digital. Curiosamente la detención de Sandro fue retransmitida en directo por radio y tv. Eso es muy relevante ya que el caso se instruía bajo secreto sumarial, desde que Lamela admitió a trámite la querella de los fiscales (dos meses antes de la detención). ¿Cómo es posible que la prensa llegara al domicilio de Rosell incluso antes que la policía judicial? ¿Quién pretendía el escarnio de su persona? ¿Ya no tenía presunción de inocencia?

El ex presidente del Barça fue detenido, acusado de blanqueo internacional relacionado con supuestos pagos a la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) para obtener partidos amistosos de la canarinha, por ejemplo un Brasil-Portugal. También resulta imputada su esposa y su socio, el andorrano Joan Besolí. Dos días después, la juez Lamela decreta prisión incondicional contra él y Besolí. Sandro ingresa en Soto del Real, junto a Besolí. En el auto se argumenta: impedir la destrucción de pruebas y riesgo de fuga. Ahí comenzó su vía crucis.

Rosell cuenta que una de las escenas más perturbadoras de su calvario fue cuando al llegar a la prisión de Soto del Real, entre los trámites carcelarios, le entregan cuatro preservativos y unas bolsitas de vaselina (sic). La defensa de Rosell cree que en unas pocas semanas progresarían sus argumentos para obtener una libertad bajo fianza de Rosell. Sin embargo, los recursos para transformar la “prisión incondicional” se estrellaron del primero al último. En total, trece intentos durante su largo periplo en “prisión preventiva”, que agotaron la técnica jurídica de los defensores.

El embargo de bienes y cuentas fue total, no se aplicó el acostumbrado respeto por un mínimo flujo familiar para permitir que la esposa y los hijos pudieran atender la supervivencia de su hogar.

En Fiscalía se produce un relevo a favor de la fiscal de apoyo de González Mota, María Antonia Sanz Gaite, quien llevó la mayor parte de la instrucción. Lamela lo rechaza todo, sigue el palpito de la fiscal, e incluso se negaba a recibir al penalista Pau Molins, defensor de Rosell. Solamente consiguieron, el 25 de julio de 2018, que el encarcelado fuera trasladado a la prisión catalana de Can Brians 2.

El fiscal José Javier Polo asumió el caso Rosell en octubre 2019, cuando María Antonia Sanz fue designada miembro de la Secretaría General Técnica de la Fiscalía General del Estado y abandonó la Audiencia Nacional. El nuevo fiscal –Polo- venía de dirigir la Fiscalía de Madrid en la que fue protagonista de un caso mediático en el mundo del fútbol: en abril de 2017 propuso el archivo de la causa contra el ex madridista, Xabi Alonso, por fraude fiscal. A Polo incluso le abrieron expediente por desatender la orden de recurrir ese archivo. Tras lo de Rosell, Polo se fue a la abogacía privada.

Uno de los recursos de apelación fue denegado con la sugerencia a la defensa “ofrezcan una fianza”. Ese camino no fue a ninguna parte. Los defensores analizaron casos exitosos de fianzas de libertad de algunos casos económicos de aquellos días y ofrecieron la hipótesis de 400.000 euros. La Fiscalía se revolucionó ante la evidencia de que Rosell movía fondos no controlados y de nada sirvió que se argumentara que esos fondos provenían del padre del acusado..

El fiscal Polo descartó un acuerdo de aceptación de culpa, por una pena equivalente a su largo tiempo ya en preventiva. Fue un tanteo de su  que su abogado que Rosell no aceptó. Polo tampoco. No se conformaba con condena menor de seis años. 

En el momento del juicio, Fiscalía solicitó 11 años para Rosell y 59 millones de multa por supuesta apropiación de fondos de la CFB. Los abogados de Rosell se concentraron en ir a juicio cuanto antes.  En el momento de las conclusiones definitivas, al finalizar el juicio tras la práctica de prueba que puso en evidencia la absoluta debilidad de la acusación, Fiscalía rebajó sus pretensiones a seis años de cárcel.

El 24 de abril de 2019, la Sala Primera de lo Penal de la Audiencia Nacional decidió absolver a Rosell y a los otros cuatro imputados porque las pruebas no eran “concluyentes” y porque durante el dilatado proceso de instrucción no se habían descubierto nuevos indicios. Se le aplicó el principio de in dubio pro reo y Rosell recuperó su libertad 643 días después de su encarcelamiento preventivo. Una de las “prisiones preventivas” más largas de la historia judicial española. Rosell había sufrido la “apisonadora” judicial y un mal trabajo de la Fiscalía.

Reacciones

Ya libre, Rosell decidió querellarse contra la juez Lamela por presunta prevaricación a instancias de los fiscales. La reacción de Fiscalía fue muy relevante: recurrir la sentencia, incluso pedir la repetición del juicio. La absolución definitiva fue confirmada en julio de 2019, tras un episodio del fiscal Polo durante la declaración de Michel Assef, abogado de Ricardo Teixeira, presidente de la CBF. Fiscalía pretendía la condena de un español por haber producido daños a un organismo brasileño que, además, es privado. La CBF afirmó en la Audiencia Nacional que los negocios que mantuvo con Rosell eran legales y que no sufrió perjuicio alguno por sus contratos con Rosell. El fracaso fue monumental: no había caso.

Rosell demostró, otra vez, su singularidad y escribió el relato de su experiencia en primera persona. Se tituló Un fuerte abrazo: 645 días y noches, texto que le postula como una especie de Conde de Montecristo moderno, tratado con evidentes tintes de abuso de poder. Del texto destaca la creencia de que, si no hubiera sido presidente del Barça, no hubiera ido a la cárcel. También insinúa que la lunga manus de Jaume Roures pudo estar detrás de su injusticia judicial (sin detalles). Y una larga reflexión sobre la imposibilidad de reivindicar la inocencia propia frente al sistema.”Te sabes inocente, pero (…)”; “Si te detienen, eres culpable y de tu inocencia, preocúpate tú”.

Sandro Rosell demandó al Estado por responsabilidades patrimoniales. Reclama 29 millones de euros y probablemente este sea otro ejemplo de cómo la Fiscalía nos pueda costar dinero a todos.

Notas

(1) Dejó la fiscalía y se incorporó a bufete Cortés Abogados.

(2) El FBI tenía un topo en el grupo audiovisual catalán, al que convirtieron en “testigo protegido” y que citan como “TC2”. El 18 de marzo de 2020 el Gran Jurado de la Corte Federal de Brooklyn, procesó a Gerard Romy acusado de corromper la FIFA mediante el pago sobornos  desde la filial en Miami, a directivos de la FIFA para que los de Roures consiguieran derechos de retransmisión de partidos de fútbol . Antes el Grupo Mediapro llegó a un acuerdo con el Tribunal neoyorquino, reconocía haberse beneficiado de coimas y pagó una multa de 20 millones de euros.