El informe interno de Iberdrola revela una trama opaca de pagos para ‘pillar’ a políticos

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La contratación de José Manuel Villarejo por parte de Iberdrola para operaciones presuntamente ilícitas revela que la compañía tenía una trama para abonar los trabajos al comisario de policía, según el documento interno al que ha tenido acceso El Confidencial. En ese informe, Antonio Asenjo, el que era responsable de Seguridad de la eléctrica, admite que el dinero pagado a Castellana de Seguridad (Casesa) servía para “pillar” a políticos que se oponían a los planes del grupo y comprar los favores de otros.

El documento, que sostiene que estos proyectos fueron ordenados por Ignacio Sánchez Galán, actual presidente de Iberdrola, describe las “actividades anómalas” realizadas por la Dirección de Seguridad Corporativa. Ante las dudas a la hora de contabilizar dichos gastos, J. A. del Olmo, un ejecutivo encargado del registro, mantuvo una reunión urgente con Asenjo el 31 de mayo de 2004 en la que le describió que el presidente había encargado unos “trabajos de vigilancia especiales” relacionados con la división de Generación.

Una unidad que quería instalar una central de ciclo combinado en Arcos de la Frontera (Cádiz), con una inversión de 900 millones de euros y que había chocado con la oposición del ayuntamiento de la localidad andaluza. El trabajo era “totalmente confidencial”, conocido solo por Galán, Francisco Martínez Córcoles, responsable de ese negocio, y Fernando Becker, director de Servicios Generales, y con un presupuesto inicial de 210.000 euros y uno posterior “de 100.000 euros o más”, tal y como adelantó ayer este medio.

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